Lo ocurrido en el centro canino «Las Almenas», en Gijon, ha conmocionado a Asturias y al conjunto de la sociedad española. Y es lógico que así sea. Cuando salen a la luz imágenes de animales hacinados, enfermos, sin los cuidados debidos y tratados como si fueran parte de una cadena de producción, ya no estamos ante una cuestión técnica ni ante una simple irregularidad administrativa. Estamos ante algo mucho mas grave, como es la posibilidad de que el sufrimiento animal haya sido el modus operandi de un provechoso negocio. La Guardia Civil, a través del SEPRONA, intervino el centro tras una denuncia ciudadana, hallando más de 300 perros, la mayoría en pésimas condiciones, requiriendo de la acción coordinada de entidades de protección, encabezadas por Alejandra Mier, de la Fundación para la Protección Animal del Principado de Asturias, a quien agradecemos su labor y entrega, asi como de criadores responsables, muchos de ellos socios de la RSCE, que se ofrecieron para dar las primeras ayudas necesarias, especialmente en el caso de algunas madres que estaban a punto de parir.
Un caso como este exige que se llegue hasta el final. Si los hechos se confirman, no estaríamos ante una mala praxis corregible ni ante un exceso puntual, sino ante un modelo radicalmente incompatible con cualquier idea de bienestar animal, legalidad y etica. Y eso exige una respuesta firme de la Justicia y de las administraciones. Pero hay una segunda obligación, igual de importante que es explicar a la sociedad que esto no tiene nada que ver con la cría responsable.
Criar un perro de manera responsable no es producir cachorros en serie. No es vender deprisa. No es multiplicar camadas hasta el limite sin importar la salud de los animales. No es esconder detrás de una apariencia comercial o de una web vistosa una realidad de opacidad, suciedad, enfermedad o reproducción sin control.Tampoco es dejar que se produzca un cruce aleatorio, incontrolado, que produzca unos cachorros fuera de cualquier esquema selectivo y que en su mayoría acabarán siendo abandonados.
La cria responsable exige justo lo contrario, requiere de conocimiento, limites, control sanitario, selección rigurosa, socialización, seguimiento y compromiso permanente con cada perro.Y aquí es donde conviene detenerse en algo que, a menudo, se malinterpreta por la ciudadanía, el cachorro y el valor del pedigrí como herramienta de buen hacer y de bienestar.
Muchas personas asocian pedigri a moda, estética o capricho; a esnobismo rancio, pero nada más lejos de la realidad. El pedigri es la garantía acerca de la absoluta trazabilidad de un perro que nos permite conocer sus orígenes y cómo se ha trabajado y seleccionado para llegar a un cachorro sano, equilibrado y feliz.
Desde la Real Sociedad Canina de España defendemos precisamente eso, que la trazabilidad que aporta el pedigrí no es burocracia, sino protección. El Libro de Orígenes Español no se basa en una simple declaración, sino en controles verificables. Impone límites claros y buenas prácticas más allá, incluso, de lo que marcan las leyes españolas y europeas, como un máximo de cinco camadas por hembra a lo largo de su vida, prohibición de grados elevados de consanguinidad incompatibles con una cría responsable, identificación genética mediante ADN para verificar la filiación.
El pedigrí de la RSCE deja rastro documental de todo lo que se hace, aportando valor al trabajo del criador responsable y seguridad a quienes conviven con esos perros. Pero todos los pedigries no son iguales.
Frente a este modelo, exigente, trazable y con más de cien años de historia, existen otros mucho más laxos, donde los controles son menores, las exigencias se rebajan y la trazabilidad pierde valor real.
Desde fuera, sin embargo, no siempre es fácil distinguir unos de otros. Y ese es uno de los grandes problemas. Porque un criadero puede proyectar una imagen impecable y, aún así, no ofrecer garantías suficientes sobre lo que ocurre realmente detrás. Por eso, cuando una familia decide incorporar un perro a su vida, no debería fijarse solo en el precio o la raza. Debería hacerse algunas preguntas básicas: ¿ qué controles existen sobre esa camada?,¿qué registro ampara al animal?, ¿puede acreditarse su origen?, ¿hay límites y seguimiento sobre la reproducción?, ¿quién responde si aparece un problema de salud o de filiación?
Elegir bien también es eso. Y esta reflexión no va solo de proteger a quienes adquieren un perro, que también… Va sobre todo de proteger al cachorro. Porque cuando desaparecen la trazabilidad, el control y la responsabilidad, lo que crece es la opacidad. Y donde hay opacidad, el riesgo de abuso se multiplica.
La sociedad española ha avanzado mucho en sensibilidad hacia el bienestar animal. Hoy tenemos interiorizado que un perro no es un objeto, ni una moda, ni una adquisición impulsiva. Pero esa sensibilidad debe traducirse también en decisiones responsables. No basta con indignarse cuando estalla un caso como este. Hay que aprender de él. Aprender que no todo lo que parece profesional lo es. Aprender que no todos los sistemas de registro ofrecen las mismas garantías. Aprender que la cría responsable se reconoce por sus controles, por su transparencia y por su respeto al animal, no por su envoltorio comercial o bonitas publicaciones en redes sociales. Y aprender, sobre todo, que adquirir sin preguntar, sin verificar y sin exigir información también alimenta un sistema que deja demasiadas puertas abiertas a la explotación y el maltrato de los animales, convirtiéndolos en stock y mercancía.
José Miguel Doval, presidente de la RSCE
Cobertura en Medios de Comunicación:
La Nueva España.- Entrevista
La Nueva España.- Artículo de opinión